En España entre 1994 y 2008 ha habido 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto y la previsión es que hasta 2023 siga aumentando el número de casos, aunque a partir de esa fecha se estabilizarán las cifras. Anualmente se van a diagnosticar 700 casos.
Pese a que el uso del amianto está prohibido desde hace años, los daños que provoca su exposición se manifiestan muchos años después, lo que genera una gran dificultad a la hora de obtener compensaciones, debido a que muchas de las empresas donde ha habido trabajadores expuestos al amianto ya han desaparecido cuando la enfermedad les ha sido diagnosticada.
Es una reivindicación histórica del colectivo de afectados por el amianto la creación de un fondo estatal de compensación que evite a aquellas familias o trabajadores afectados un tedioso y costoso proceso judicial.
En este sentido, ha sido aprobada por votación del Pleno del Congreso de 10 de octubre de 2017, la Proposición de Ley sobre esta materia presentada por el Parlamento Vasco, por lo que el Gobierno tendrá que negociar la creación del fondo de compensación para las víctimas del amianto.
A partir de ahora se inicia la tramitación Parlamentaria y habrá que llegar a un acuerdo entre los grupos políticos para consensuar las características del fondo.
Tal y como se recuerda en la Exposición de motivos de esta iniciativa, en España entre 1994 y 2008 ha habido 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto y se añade que la previsión es que hasta 2023 siga aumentando el número de casos, aunque a partir de esa fecha se estabilizarán las cifras. Anualmente se van a diagnosticar 700 casos.
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